La Comisión Europea parece haber cedido a las presiones del sector financiero, al rebajar de forma sustancial las exigencias que contempla el proyecto de directiva que regulará los créditos al consumo, un negocio que mueve más de 500.000 millones de euros al año en el territorio comunitario de la antigua UE a Quince miembros. Eso sí­, mantiene dos novedades valoradas por los usuarios de este tipo de préstamos, que en el futuro podrán retractarse de su contratación en un plazo máximo de 14 dí­as desde su firma, o amortizarlo por anticipado sin verse penalizado por ello con comisiones abusivas.

Aunque la propuesta de Bruselas aún debe atravesar bastantes trámites antes de convertirse en directiva comunitaria, se han salvado los obstáculos más serios planteados desde la patronal bancaria europea y de una parte del Grupo Parlamentario Popular, que ya ha advertido que pedirá más recortes durante la tramitación del texto en la Cámara de Estrasburgo. No ocultan que su objetivo es lograr que sólo se aprueben al final unas normas «mí­nimas» que dejen un amplio margen de maniobra a los estados miembros, mientras que la Comisión apuesta por lograr una armonización legal en toda regla, aunque cada vez la ve más lejos.

Los cambios

Los cambios que se preparan sólo afectarán a los créditos inferiores a 50.000 euros si bien se incluirá un régimen especí­fico para los que no superen el montante de 300 euros, aunque los conservadores europeos no ven con buenos ojos esta iniciativa.

Desde la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF) se argumentaba que el incremento de los controles por parte de Bruselas elevarí­a los costes que asumen estas entidades, por lo que tendrí­an que subir sus tipos de interés y comisiones, y ello perjudicarí­a de forma especial a las familias con rentas más bajas. La prohibición de suscribir préstamos fuera de establecimiento, o la garantí­a por la sociedad financiadora de los servicios prestados eran sus principales preocupaciones, pero ambas quedan rebajadas en el nuevo texto. Se relajan también las normas sobre información previa al prestatario y responsabilidad de las entidades que conceden créditos por encima de la capacidad de devolución de un cliente, lo que en la práctica favorecerá un endeudamiento mayor. Asimismo, se suavizan los requisitos que se iban a aplicar a los descubiertos (números rojos) provocados por el uso excesivo de las tarjetas de crédito, materia que ya no se equiparará a los créditos al consumo (a pesar de que esa era la primera intención de Bruselas).

Lo que sí­ se mantiene es el derecho del prestatario a echarse atrás en un margen de dos semanas, sin tener que dar justificación alguna ni pagar penalizaciones. Si lo que pretende es rembolsar el préstamo por anticipado, podrá hacerlo sin sufrir comisiones abusivas. Otra novedad interesante es que el consumidor podrá anular un crédito si finalmente renuncia a la compra del objeto al que estaba vinculado esta operación. Son cambios importantes, pero escasos para empujar la construcción de un verdadero mercado único en este sector, como se reconoce desde la propia Comisión

Ví­a | Diario de León