Bien por la actual crisis inmobiliaria o bien por desconfianza. El caso es que la hipoteca inversa, una de las principales novedades de la Ley de Reforma Hipotecaria, ha fracasado estrepitosamente a nivel nacional. Dicha fórmula se basa en un préstamo mensual, destinado a personas mayores de 65 años, en función del valor de su vivienda, que pasará a ser propiedad del banco tras el fallecimiento del titular de la cuenta pertinente. En el caso de que los herederos del fallecido quieran conservar el inmueble, deben abonar la cantidad recibida por el cliente durante el tiempo que se acogió a esta hipoteca.

Según cree el notario Daniel González, el número de escrituras inversas realizadas en nuestra provincia se sitúa entre «cero y una». Afirma que en su notaría todavía no han recibido solicitud alguna. González considera que el principal problema radica en que cuando se planteó la iniciativa el valor de los pisos era diferente al actual. La opinión del notario coincide con la de Carlos Alfaro, vicedecano autonómico de los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla y León, quien hasta la fecha no ha recibido a nadie dispuesto a solicitar un crédito de este tipo.

Otra de las novedades promulgadas por la reforma de la Ley Hipotecaria que tampoco parece gozar de demasiado éxito es la ampliación del plazo sin coste a la hora de pagar la hipoteca inmobiliaria. Esta nueva iniciativa pretende solventar las dificultades que entraña el pago hipotecario de la gente ante la subida del euribor mediante la opción de aumentar el plazo de devolución del préstamo sin coste alguno. Sin embargo, en opinión de González, se trata de una medida «rabiosamente inútil», puesto que si «antes una hipoteca de 200.000 euros suponía un gasto mensual de unos 600, con el aumento del euribor en los dos últimos años, el cliente pagaba un 50% más al mes», mientras que con la ampliación de plazo (pongamos por ejemplo 10 años) «se pagarían unos 80.000 euros más solamente en concepto de intereses».

A la hora de tratar la crisis económica dentro del sector inmobiliario, el notario insta al Gobierno a promulgar medidas «más imaginativas y valientes», como ofrecer un régimen de alquiler a aquellas personas que no puedan hacer frente a su hipoteca y, «si la situación en unos años mejora», permitir al cliente recomprar su vivienda.