La Asociación Hipotecaria Española (AHE) aplaude el proyecto de ley por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos hipotecarios por parte de entidades ajenas al sistema financiero, fundamentalmente firmas dedicadas a la consolidación o reunificación de deudas, que el Gobierno ha remitido a las Cortes.

Según los expertos de la AHE, la nueva regulación propuesta por el Gobierno “ofrece un nivel de protección satisfactorio para los consumidores de este tipo de productos y servicios y se aproxima razonablemente, en bastantes aspectos, al que tienen los consumidores directamente con las entidades de crédito”.

No obstante, y a falta de un análisis más profundo del proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes por parte del equipo jurídico de la AHE, el documento de ésta señala que “creemos que el proyecto en su redacción actual presenta algunas debilidades, que confiamos puedan ser subsanadas en el debate y aprobación parlamentaria”.

Para los expertos de la AHE, el proyecto de ley “no contempla ningún requisito específico de idoneidad para los consejeros de unas entidades que, por el tipo de actividad que van a realizar, convendría definir”.

En segundo lugar, “parece muy endeble la definición, objetivos, contenido y función de los registros públicos de empresas”, en referencia a una relación de personas físicas o jurídicas ajenas al sistema bancario que concedan hipotecas.

La tercera crítica de la AHE al proyecto elaborado por el Gobierno hace referencia a la necesidad de incrementar y mejorar el control sobre estas entidades: “El régimen de supervisión parece escasamente adecuado para garantizar que se cumplan no sólo los objetivos de transparencia que exige la propia ley, sino otras responsabilidades importantes asociadas al tipo de actividad que van a desarrollar”, indica.

“En todo caso, esta iniciativa legislativa, que venía siendo reclamada desde hace tiempo desde la AHE, representa un importante avance en extensión de la transparencia y defensa del consumidor de financiación hipotecaria”, concluye.

“Confiamos que la redacción definitiva que surja del Parlamento cubra las lagunas actuales y contribuya a dar la máxima seguridad posible a los ciudadanos en la utilización de unos servicios de evidente trascendencia económica y social”.

[Fuente: gaceta.es]