El Consejo de Ministros aprobó ayer un Proyecto de Ley que regula la contratación por los consumidores de préstamos y créditos hipotecarios y de servicios de intermediación.

El principal objetivo de esta futura norma es la regulación de las entidades no financieras que ofrecen créditos y de las reunificadoras de deuda, con el fin de dotar de mayor transparencia este sector de mercado con mayor información para los usuarios.

El proyecto de ley prevé la creación de un registro público estatal de empresas no financieras dedicadas a actividades crediticias y abre la posibilidad a que cada comunidad autónoma cree su registro propio. La inscripción en estos listados será un requisito indispensable para poder operar en el mercado.

La norma también quiere aportar mayor transparencia a las tarifas que cobran este tipo de operadores. El nuevo texto busca evitar que se carguen comisiones diferentes de las fijadas en las tarifas que esta empresas recojan, obligatoriamente, en un folleto. En el caso de la reunificación de créditos, la ley prevé explícitamente que se deberá facilitar de forma detallada a los consumidores la información con “cualquier tipo de gasto” relacionado con la operación.

En cuanto a los contratos, el proyecto de Ley –que acaba de ser remitido a las Cortes Generales– exigirá que sean “por escrito y con un determinado contenido mínimo”. Además, se extienden también a los operadores no financieros las exigencias relativas a las escrituras públicas para la formalización de créditos hipotecarios y los índices y tipos de referencia.

Toda la información precontractual tendrá que ser remitida al consumidor quince días antes de la formalización de la operación crediticia o de reunificación de deuda. Además, el proyecto prevé el “derecho de desistimiento en los contratos de intermediación”, con el que se otorga al cliente la capaz de deshacer el acuerdo en los 14 días naturales siguientes a la formalización del contrato “sin alegación de causa alguna y sin penalización”.

Aunque conceden créditos, debido a su carácter no financiero este tipo de operadores no está sometido a la supervisión del Banco de España, sino al marco de la legislación general de protección de los consumidores. Hasta ahora, estas entidades contaban con una normativa “fragmentaria e incompleta”, según fuentes oficiales.

El Gobierno ha manifestado que con esta nueva norma pretende tratar de proteger a los consumidores de “supuestos créditos milagrosos” o condiciones financieras aparentemente “irresistibles”, y dotar de mayor seguridad jurídica a estas entidades.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, insistió ayer durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros en que el Ejecutivo quiere que el funcionamiento del sistema financiero español siga siendo “de los mejores del mundo” y evitar que entren en el mercado “insolventes, estafadores y temerarios”.

[Fuente: expansion.com]