El Defensor del Pueblo insiste en que sean las autoridades monetarias y financieras las que regulen y supervisen los servicios de reunificación de deuda y no las de consumo.

Así lo señala en su Informe Anual 2007, en el que añade que, aunque en el pasado ejercicio el Gobierno mostró interés por cubrir un ‘claro’ vacío legal, la forma de hacerlo no coincide con el criterio de la institución.

Después de que el Defensor del Pueblo pidiera en su informe de 2006 una regulación específica sobre los reunificadores de deudas, que se habían incrementado de forma significativa por los repuntes de los tipos de interés, el Ministerio de Economía aseguró que llevaría a cabo ciertas reformas normativas relacionadas con las nuevas tecnologías, la comercialización de servicios crediticios y los créditos al consumo.

Según se explica en el Informe, los ministerios de Economía y Hacienda y de Sanidad y Consumo decidieron elaborar un anteproyecto de ley de manera conjunta por el que se pretendía regular la protección a los consumidores en los servicios de intermediación y en la contratación de créditos o préstamos.

Aunque el Defensor del Pueblo valora esta iniciativa, lamenta que los servicios de reunificación sigan quedando excluidos del control de las autoridades monetarias y bajo el ámbito ‘exclusivo’ de consumo, derivando la competencia territorial a las diferentes comunidades autónomas.

[Fuente: actualidad.terra.es]