La subida del euríbor, con el consiguiente repunte de la cuota hipotecaria, más los pagos de créditos personales y el aumento de la cesta de la compra, entre otros motivos, agobian cada vez a más familias. Algunas no son capaces de hacer frente a sus deudas y algunas no dudan en apuntarse al concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.

Cada vez son más. En el primer trimestre del año, ocho familias alicantinas han recurrido a esta medida legal, prevista en la Ley Concursal, para aplazar el pago de sus deudas. Esta cifra supone un 12% del total nacional, según los datos del Registro de Economistas Forenses (Refor) ofrecidos ayer en una conferencia en el Colegio de Economistas.

La crisis de la construcción, un sector tan importante en la economía provincial, ha sido un factor determinante para esta cifra de alicantinos que han recurrido a la suspensión de pagos. A la pérdida de ingresos de muchas familias por la crisis económica se le ha unido en Alicante la especulación inmobiliaria, un negocio rentable hasta hace poco y que «ya es historia», explica Antonio Rodríguez Villanueva, miembro del consejo directo de Refor.

Más de un economista forense se ha encontrado con familias que arrastran dos, o más, hipotecas. «En muy poco tiempo se ha dado la vuelta a la situación económica y muchos se han quedado estancados», explica este experto.

Para entrar en la Ley Concursal -que permite a las personas físicas declararse insolventes e intentar por vía judicial que las entidades financieras accedan a un retraso o una rebaja en el pago de la deuda- hay que soportar varias cargas, además de la hipoteca, como créditos personales o pagos pendientes a terceros. En la mayoría de los casos, además de la hipoteca, se unían créditos personales: «Endeudarse era muy fácil, lo que unido a las bondades de una economía boyante permitían tomar riesgos», explica Rodríguez Villanueva.

En España, 66 familias fueron al concurso de acreedores entre enero y marzo del 2008, un número mayor que en el mismo periodo del año anterior. Y las previsiones no son nada optimistas, ya que la directora del Registro de Economistas Forenses, Irene Lardín, considera que «en los próximos meses seguirán aumentando los concursos de acreedores de particulares.

Ante la acumulación de este tipo de casos que se prevé en los juzgados en los próximos meses, el Colegio de Economistas de Alicante ofreció ayer una conferencia para dar a conocer a la población general «una posibilidad más» para llevar adelante la economía familiar.

A través del concurso de acreedores se «plantea un convenio» entre la persona que presenta la suspensión y los impagados a través del juzgado para conceder un plazo máximo de cinco años para la devolución del dinero, que puede rebajarse hasta un 50%, según el Colegio de Economistas.

[Fuente: laverdad.es]