La Unión de Consumidores de España (UCE) reclamó hoy al Gobierno que apruebe en esta legislatura una “Ley de Sobreendeudamiento”, que establezca los derechos y garantías de los ciudadanos que atraviesan esta situación por causas sobrevenidas, que tienen que enfrentarse a las presiones de las entidades bancarias y de préstamo.

En la primera reunión de la Junta Directiva de la UCE, celebrada en Barcelona, el presidente de esta organización, José María Roncero, pidió además que la política de consumo se vincule al Ministerio de Economía, ya que “el consumo familiar tendrá un papel fundamental en la situación económica en los próximos años”.

Por otro lado, Roncero pidió a las comunidades autónomas que inspeccionen convenientemente a las empresas de reunificación de deudas, debido a las irregularidades y reclamaciones que UCE está detectando en este sector, que no se encuentra sometido al control del Banco de España.

Según datos de UCE, las empresas de reunificación de deudas ocultan información sobre sus tarifas y no informan sobre las comisiones que conlleva la cancelación de créditos y la apertura de una nueva hipoteca.

Asimismo, denuncia que este tipo de empresas “actúan en una jungla”, puesto que no existe ninguna normativa que regule el sector. Según Roncero, el consumidor tiene todas las de perder frente a estas compañías, ya que no puede exigir una información obligatoria, ni un contrato con un contenido mínimo, o una garantía de que las tarifas no vas a ser cobradas si la operación no sale bien. Por ello, UCE insiste en la necesidad de que estas empresas estén sometidas al control del Banco de España.

El presidente de UCE también advirtió de la proliferación de empresas de créditos rápidos, a las que algunas familias están recurriendo debido a su situación financiera. Roncero recordó que este tipo de créditos tienen elevados intereses, hasta un 20-25%.

La organización recomienda a los consumidores acudir a su entidad financiera e informarse sobre otros tipos de préstamos y condiciones, en el caso de que su situación económica lo requiera.

Por último, solicitó el establecimiento de una competencia real en los sectores eléctrico y de distribución de carburantes, que actualmente, sostiene, están controlados de hecho por “tres o cuatro compañías”, lo que no permite una liberalización real del mercado.

El consumidor “no tiene oportunidad real de elegir, y esto tiene consecuencias directas en los precios de los carburantes y de los servicios de distribución eléctrica”, dijo Roncero.

[Fuente: eleconomista.es]